Carrera profesional, evaluaciones externas, rendición de cuentas,
incentivos, premios y castigos. Estas palabras sobrevuelan desde hace
años los sistemas educativos de todo el mundo sin que nadie termine de
hacerse con ellas. Para unos representan una necesidad ineludible para
mejorar la enseñanza y para otros, perversiones neoliberales que pueden
desvirtuar el sentido de la educación.
En España, en un contexto de recortes presupuestarios
que tiene a la comunidad educativa muy crispada, el afán del nuevo
Gobierno —según el programa electoral del Partido Popular— pasa por
cambiar el sistema de acceso para intentar contratar a los mejores
profesores para la enseñanza pública y por intentar de nuevo (se ha
intentado y fracasado varias veces) crear una carrera docente para que
los maestros de las aulas públicas puedan mejorar sus condiciones a base
de méritos.
Mientras, en Estados Unidos e Inglaterra van mucho más allá y gana
fuerza la idea del premiar a los docentes que obtengan buenos resultados
y castigar, es decir, incluso despedir, a los malos, un tema peliagudo
como pocos, sea cual sea su estatus laboral.
En Estados Unidos, aparte de iniciativas como la de California
(desde 2010, los padres de un colegio público pueden hacerse con el
control del centro, imponer nuevas normas a los profesores e incluso
despedirlos), una iniciativa federal (Race to the top, en inglés, Carrera hacia la cima)
consiste en dar dinero extra a los Estados si, entre otras cosas, miden
la eficacia de los docentes por medio de exámenes externos a sus
alumnos; los malos resultados pueden acabar en despidos. Uno de los
últimos Estados en hacerlo ha sido Nueva York.
Su gobernador, el
demócrata Andrew Cuomo, pidió al consejo rector de Educación que en el
proceso de evaluación de los maestros, entre el 20% y el 40% obedezca a
las notas de sus alumnos en exámenes unificados a nivel estatal y
federal. Además, ese consejo ha diseñado decenas de pruebas estatales
que se añadirán a las que ya existen de matemáticas, lengua y
conocimientos generales. Los profesores que no logren mejoras y sean
considerados ineficaces en dos cursos seguidos pueden ser despedidos.
Diversos Estados someten a sus profesores a una evaluación en una
escala que abarca de “ineficaz” a “altamente eficaz”. Los Estados eligen
si se someten a ese programa, que contiene subsidios de 4.350 millones
de dólares (unos 3.000 millones de euros).
En la edición del año pasado, los Estados ganadores fueron 11, además
del distrito federal de Columbia. Nueva York, que estaba entre ellos,
recibió junto con Florida el mayor premio (700 millones de dólares, unos
530 millones de euros), y ahora somete a sus profesores a mayor presión
para mantener esas buenas notas ante el Gobierno federal. Para ello ha
diseñado todo un sistema de exámenes unificados a aplicar a todos los
colegios e institutos que sirvan de baremo objetivo para evaluar a los
docentes a través de los resultados de sus estudiantes.
La medida provocó la primera revuelta de directores de colegio de la
que se tiene constancia en EE UU. De los 4.500 directores registrados en
Nueva York, más de 1.000 firmaron una carta abierta que contiene
argumentos en contra de ese método de evaluación de docentes. “Nosotros,
los directores de las escuelas del Estado de Nueva York, llegamos a la
conclusión de que [el sistema propuesto] no será más que un desperdicio
de unos recursos que cada vez son más limitados. Más importante aún,
desmoralizará a los educadores y será perjudicial para los niños a los
que guiamos.
Nuestros estudiantes son más que la suma de los resultados
de sus exámenes, y poner un énfasis excesivo en las notas no se
traducirá en un mejor aprendizaje”, se dice en la misiva, redactada por
Sean C. Feeney, presidente de la Asociación de Presidentes de Escuela
del Condado de Nassau, y Carol C. Burris, directora del instituto South
Side.
El sociólogo de la Universidad Complutense
Julio Carabaña usa argumentos parecidos para decir que la idea es un
“disparate”. “La propuesta no consiste en que haya incentivos ligados al
buen cumplimiento (cosa ya de dudosa eficacia y moralidad), sino en
trabajar a destajo. Pero los profesores no podemos trabajar a destajo,
como tampoco los periodistas, los jueces, los policías y hasta dicen
ahora que los corredores de hipotecas. Se puede trabajar a destajo
cuando el producto es perfectamente especificable, exactamente medible e
inequívocamente atribuible al trabajador. A destajo se segaba, se ponen
ladrillos, se cosen prendas de vestir, y algunas cosas más. Pero no se
enseña a destajo y, menos aún, se educa”, dice Carabaña. Por eso,
algunos especialistas apuestan por incentivos —buena parte rechaza los
castigos— colectivos, a todo un colegio o instituto.
Sin embargo, ¿qué es un centro sino la suma del trabajo de muchos
profesores? El también catedrático de Sociología de la Complutense
Mariano Fernández Enguita defiende que los incentivos para los buenos y
los castigos para los malos deben existir, aunque haya que tener cuidado
con los criterios para juzgarlos. “Los resultados académicos de los
alumnos no pueden ser, desde luego, el único criterio para evaluar a un
profesor, ni pueden manejarse con ligereza.
Pero dependen también, y
mucho, del profesor, que puede marcar la diferencia, para bien y para
mal. Y cuando lo hace claramente para mal, la Administración educativa
(la dirección, la inspección...) tiene el derecho y el deber de
plantearle un plan de mejora y, si no lo cumple, prescindir de él o de
ella. Hablar de despedir a un profesor puede sonar muy agresivo, sobre
todo si eres profesor, pero desde el punto de vista de la sociedad no es
ningún problema: entre los cinco millones de parados actuales hay sin
duda miles que serían mejores profesores que otros tantos que ahora lo
son”, sostiene Fernández Enguita.
En España, la condición de funcionario de los docentes de la pública
hace casi imposible que alguien pierda esa condición. Antonio Redero,
responsable de enseñanza pública del sindicato FETE-UGT,
no recuerda ningún caso, aunque sí hay suspensiones de empleo y sueldo
por peridodos más o menos largos, en ocasiones muy graves. Redero
rechaza de plano la idea de los despidos.
El profesor de la Universidad de Zaragoza
Tomás Escudero tampoco está por los despidos, pues es muy difícil
establecer de manera justa si un docente es bueno o malo, y porque “a la
postre, es algo poco eficaz y caro”. Prefiere los estímulos positivos,
aunque matiza: “El despido es un arma que debería dejarse para los
irrecuperables, los que han demostrado reiteradamente que no quieren ser
profesores, con la actitud y responsabilidad que ello conlleva”.
En Inglaterra, el próximo septiembre entrará en vigor la reforma de
los procedimientos para evaluar la eficacia de los maestros de escuela y
los pasos que hay que dar para despedir a aquellos que no tienen un
nivel suficiente. El objetivo de la reforma es simplificar la actual
normativa, dar más poder de decisión a los directores de escuela y
acortar los plazos para poder llegar a aplicar los despidos.
En la actualidad, el proceso de despido de un profesor que no da la
talla se demora más de un año y se interrumpe si este está de baja. El
Gobierno quiere que se pueda completar en menos de un curso. Según los
sindicatos, esas propuestas darán a los directores “licencia para acosar
a los maestros”, en palabras de Chris Reates, secretaria general del
sindicato de la enseñanza Nasuwt.
El Gobierno apoya sus propuestas en una reciente investigación del Sutton Trust.
El trabajo concluye que el 57% de los maestros y directores encuestados
están de acuerdo en que las escuelas no tienen en la actualidad
suficiente libertad para despedir a los profesores que no desempeñan lo
bastante bien su trabajo, frente a un 21% que discrepan.
El afán del nuevo Gobierno español pasa por cambiar el sistema de acceso para contratar a los mejores profesores.
“Los directores y los maestros quieren un sistema más sencillo y más
rápido para afrontar el problema de los profesores que no rinden. Las
escuelas han estado atrapadas durante demasiado tiempo en una compleja
burocracia”, sostuvo el ministro de Educación, Michael Gove. “La
propuesta pone en manos de los directores el control de la eficacia de
los maestros. En lugar de ayudar a los maestros a mejorar su enseñanza
va a dar a los directores una manera fácil de quitarse de encima a los
profesores que no les gustan”, ha denunciado Mary Bousted, líder del
sindicato de maestros ATL.
“Desde luego, en España y en todas partes profesores y centros se
evalúan, y continuamente. Lo que no se hace es pagarles según los
resultados de sus alumnos en unas pruebas, es decir, pagarles a destajo.
La razón es muy simple: es imposible controlar totalmente desde fuera
su actividad”, insiste Carabaña, y continúa: “Por eso no queda más
remedio que confiar en ellos, y esperar que actúen por motivos morales.
Por eso, como a los periodistas, se les considera profesionales. Y por
eso, como los médicos, tienen siempre un margen de actuación libre, que
puede ser mejor o peor, pero que no puede controlar el dueño o señor de
la organización, sea este público o privado”.
También insiste Fernández Enguita: “El mundo de la educación tiene
una característica notable: hables de lo que hables, alguien saldrá
afirmando que ‘ese no es el verdadero problema’, lo cual se revela como
una táctica muy eficaz para no resolver jamás ninguno. Son muchas las
cosas que importan en la educación: profesores y centros, familias y
comunidades y, por supuesto, los alumnos. Podemos dedicarnos a teorizar
las limitaciones de cada uno de ellos si no le acompañan los otros, o
sea, a teorizar sobre la impotencia para no hacer nada, culpar a los
otros y lamentar lo mal que están las cosas, o podemos preguntarnos qué
es lo que puede hacer cada uno”.
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